La accesibilidad universal es el principio que busca garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, edad o condición, puedan utilizar y disfrutar de los espacios físicos, servicios, productos, información y entornos digitales en igualdad de oportunidades. Su aplicación promueve la eliminación de barreras que limitan la participación plena de las personas, especialmente aquellas con discapacidad, permitiendo una sociedad más inclusiva, equitativa y justa. La accesibilidad universal no debe ser considerada únicamente como una obligación normativa, sino como un compromiso social orientado a garantizar derechos fundamentales y mejorar la calidad de vida de la población.
La responsabilidad de las autoridades es fundamental para incorporar criterios de accesibilidad en la planificación, diseño, construcción y gestión de espacios públicos, servicios estatales y plataformas digitales. Una adecuada implementación permite que las personas puedan desplazarse, comunicarse, acceder a información y utilizar servicios públicos de manera autónoma y segura. Asimismo, contribuye al cumplimiento de las políticas públicas de inclusión, la normativa técnica vigente y los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Promover la accesibilidad universal refleja una gestión pública moderna, sensible y orientada a las personas, donde la diversidad es reconocida como un valor y donde todos los ciudadanos pueden participar plenamente en el desarrollo económico y social del país.
